Vótanos

En 2016, las personas físicas que se acogieron a la Ley de Segunda Oportunidad en Castilla y León aumentaron de 41 a 68. Esto supuso un crecimiento del 60% respecto al 2015.

La Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en 2015 con el objetivo de dar una nueva oportunidad a aquellas personas que se ven imposibilitadas para hacer frente a sus deudas. El mecanismo que utiliza es la creación de un procedimiento similar al concurso de acreedores de personas jurídicas pero para las personas físicas.

La finalidad de esta ley es, básicamente, que las personas físicas endeudadas “en primer lugar vivan, y luego paguen sus deudas”. Busca en primer lugar la renegociación de las deudas con las entidades bancarias y acreedores. Si no se consigue un acuerdo, el siguiente paso es establecer un plan de pagos según los ingresos que tenga el deudor. Este plan de pagos tiene una duración máxima de 5 años y, al finalizar dicho plazo, el resto de las deudas quedan extinguidas.

Así pues, la Ley de Segunda Oportunidad abre un amplio abanico de soluciones para los deudores que, de buena fe, no puedan pagar sus deudas. Posibilita, además, que estos encuentren la manera de iniciar de nuevo una actividad empresarial.

Estadísticas en Castilla y León

En el año 2014, previo a la entrada en vigor de la Ley de Segunda Oportunidad, 43 personas iniciaron los procedimientos de negociación de deudas que la Ley Concursal posibilitaba. Esta Ley se centra principalmente en los concursos de acreedores de personas jurídicas. Por aquel entonces, las soluciones que aportaba a las personas físicas eran escasas.

El año 2015, y ante el desconocimiento general de la entrada en vigor y los efectos que produce la Ley, sólo 41 personas iniciaron el procedimiento. Esto supuso un 5.3% de los casos totales en España.

En el año 2016 hubo un crecimiento del 60% de las personas acogidas a la Ley de Segunda Oportunidad, pasando de 41 a 68. Además, este cambio supuso un aumento del 5.3% al 7.7% de los casos en España. Esto significa que en Castilla y León están aumentando las personas acogidas a la Ley a un ritmo superior que en el resto del país.

 

Esto significa un cambio positivo para Castilla y León y para el conjunto de España, pero sigue siendo insuficiente porque mucha gente sigue sin poder pagar sus deudas y no encuentra solución. El objetivo debe ser que estos cambios se aceleren aún más.